Santo Domingo, República Dominicana.-  La dirigente empresarial  Circe Almanzar, consideró que tras el esfuerzo de consenso realizado por ambas cámaras legislativas, la Ley de Residuos Sólidos y Coprocesamiento, merece y debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo.

La también asesora en materia de gestión de residuos sólidos valoró positivamente el esfuerzo realizado por la Cámara de Diputados para lograr un consenso en torno al proyecto  que modifica la referida legislación, que luego fue respaldado por el Senado de la República.

“Esta voluntad de diálogo y apertura permitió atender de manera responsable, las preocupaciones expresadas por el sector empresarial, particularmente en lo relativo a la moderación de la contribución anual de las empresas, lo que representa un avance en la construcción de una política ambiental equilibrada y sostenible”, señaló.

En cuanto a los porcentajes obligatorios de utilización de residuos en materiales, reconoció como un paso prudente que estos hayan sido remitidos a normativas técnicas posteriores. “Estas normativas deberán ser construidas mediante un proceso participativo y transparente entre los actores involucrados y el Ministerio de Medio Ambiente, garantizando así criterios técnicos y consensuados para su aplicación”.

Asimismo, Almánzar aclaró que la nueva definición y distancia establecida en la ley aprobada para las plantas de valorización, únicamente aplica a aquellas instalaciones destinadas a la clasificación y separación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Esta disposición no afecta a las plantas de valorización enfocadas exclusivamente en residuos prioritarios, las cuales continúan regulándose de acuerdo a lo establecido en la ley vigente, aseguró.


De igual forma resaltó que, conforme a la legislación actualmente en vigor, la recolección de residuos sólidos en los establecimientos, está reservada a los gestores autorizados, entre ellos los ayuntamientos. Esta disposición no representa una novedad introducida por la reforma, sino que reafirma el marco legal existente en materia de manejo y recolección de residuos.