Santo Domingo, República Dominicana.- La Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) se quejó de lo que califica “represalias adoptadas por las autoridades” que cesaban en funciones el domingo 16 de agosto.
Citó como ejemplo la notificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), recibida el 31 de julio, para que en un plazo perentorio de cinco días se le suministraran los estados financieros auditados de los dos últimos ejercicios fiscales.
Entiende que esta acción responde a sus denuncias presentadas ante la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), por supuestas irregularidades cometidas «en la aprobación precipitada de un nuevo aeropuerto en Punta Cana».
Explica que esto sería un requerimiento normal, “excepto por la coincidencia con los reclamos de investigación ante el PEPCA, a muy pocos días del cambio de gobierno y por el simple hecho de que el último ejercicio fiscal de la CAE, como bien lo sabe la DGII, se cerró el 30 de junio pasado, y de ahí la imposibilidad de que haya sido auditado ya”.
Asegura la CAE, que “no tiene deuda alguna por concepto de impuestos” y asegura aparece en el listado selecto de los principales contribuyentes del país; y nos “honra cumplir cabalmente con nuestras obligaciones fiscales en la confianza de que así cooperamos con el desarrollo dominicano”.
En una nota remitida a Con Sentido Social, la CAE refiere que la Comisión Aeroportuaria “se arrogó facultades que escapan a su competencia para otorgar un “no objeción” al nuevo aeropuerto, “ocultó documentación y aceptó como válido un informe elaborado por un técnico que fue empleado de los promotores del aeropuerto”.
Además, afirma que la Comisión presentó el pasado 10 de agosto un acto de “cobro compulsivo de una alegada acreencia de US$38 millones del CAE”, apoyándose en un “decreto derogado en el 2008”.
La Comisión alega una deuda con el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), usando como base de cálculo montos contenidos en el Decreto 203-03, derogado por el Decreto 655-08 que unificó tanto las tasas aeronáuticas como las tasas aeroportuarias.
