Santiago, República Dominicana.-  La persecución de la criminalidad y la corrupción administrativa, que son prioridad del actual Ministerio Público, impactan positivamente en la seguridad jurídica.

Este fue uno de los planteamientos de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, durante su disertación como oradora invitada en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amcham-DR), celebrado en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, de Santiago.

En ese sentido, dijo que el Ministerio Público aspira a contribuir significativamente con las condiciones institucionales que permitan garantizar la seguridad jurídica que la sociedad dominicana espera, sin sucumbir a los cantos de sirena del populismo penal “que nos pueden llevar a transitar caminos de abusos y maltratos”.


Precisó que, sin duda, la seguridad jurídica impone deberes a los poderes públicos, pues constituye un valor instrumental para garantizar la libertad y la igualdad, así como para crear un clima social que propicie la libre empresa y la inversión extranjera.


De acuerdo a Germán Brito, los actores del sistema, en particular fiscales, deben acatar el derecho imperativo y dejar de lado las soluciones populistas, sin que ello implique ignorar las legítimas pretensiones de la ciudadanía y que el reto del Ministerio Público es procurar justicia conforme a Derecho, consciente de los reclamos de la sociedad, pero sin dejarse arrastrar por la arbitrariedad o el abuso de poder.

Dado que entonces se cuenta con medios limitados y que resulta imposible para cualquier sistema penal perseguir todos y cada uno de los crímenes, debemos enfocarnos en perseguir las conductas ilícitas más graves, es decir, aquellas que verdaderamente socavan los valores comunes y afectan bienes jurídicos preponderantes, como son el crimen organizado, los delitos financieros y la corrupción administrativa.

Miriam Germán Brito

Durante su exposición, dijo que cometer actos de corrupción puede generar una transnacionalidad que impone el deber a los diferentes Estados de actuar en forma coordinada e inteligente, adquiriendo relevancia en este caso la cooperación y asistencia internacionales.

Refirió que hace falta, además, sacar un mayor provecho a los mecanismos de negociación a fin de recabar información para identificar los activos ilícitos susceptibles de ser confiscados.

“Aquí entran las figuras del comiso y extinción de dominio, vitales a la hora de capturar el dinero malversado, sobre la base de una propiedad que carece, en principio, de protección constitucional”, declaró.

Expresó que es menester establecer las sanciones adecuadas en las normas especiales y mostrar un alto grado de probabilidad de condena de las conductas corruptas.

Miriam Germán Brito sostuvo que “una sociedad en la que existen controles óptimos para que la corrupción, la pública y la privada, reciba las consecuencias esperadas es una donde puede decirse que hay seguridad jurídica, concepto que exige que la ley sea estable en el tiempo y que los actores económicos puedan hacer predicciones seguras sobre su accionar”.