Bridgetown, Barbados.- El Bono de Emergencia, una transferencia temporal que se institucionalizó en el año 2022, ha beneficiado a 52,601 familias entre septiembre del año 2022 (por el paso del huracán Fiona) hasta enero 2024 cuando el subsidio fue distribuido entre las familias que vieron sus ingresos afectados por el cierre de la frontera RD-Haití.
El dato fue ofrecido por Gloria Reyes, directora general de Supérate durante su participación en la XVI edición del Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrado en Barbados, un evento organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y el Caribe, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Gloria Reyes durante su participación en la XVI edición del Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe
En este escenario, la funcionaria dominicana presentó la experiencia y aprendizajes de República Dominicana en la Protección Social Adaptativa y la implementación del referido instrumento.
Reyes hizo énfasis en que, gracias al uso de la tecnología, el gobierno dominicano pudo atender y dar la respuesta necesaria a más de 35 mil familias que fueron afectadas por el paso del huracán Fiona, en el año 2022 y otros sucesos.
Asimismo, indicó que el Bono de Emergencia ha servido para fomentar la resiliencia de la población vulnerable que vive en la zona fronteriza y que a principios del año 2024 sufrió por el cierre de la frontera entre República Dominicana y Haití.
La directora general de Supérate destacó el uso de la Ficha de Bono de Emergencia (FIBE) para el levantamiento de los datos de las familias de manera digital, lo que se tradujo en ahorro de tiempo, especializar recursos y llegar a muchas más familias.
Además de Gloria Reyes, participaron en el cónclave el viceministro de Planificación e Inversión Pública en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), y el subdirector de Operaciones de Supérate, Wailly Lewis.
El Foro Ministerial sobre Desarrollo en América Latina y el Caribe se celebró por primera vez en 2007 con el objetivo de ofrecer a ministros, ministras y otros tomadores de decisión un espacio para debatir experiencias en políticas públicas en el ámbito del desarrollo humano y social, y vislumbrar respuestas a los nuevos desafíos de la región.
